El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa convocó este mediodía a una asamblea de la Comisión Directiva y el Cuerpo Delegados, donde se hizo un balance de la gestión durante 2017; se presentaron los objetivos para 2018; y se aclaró la situación denunciada por dos periodistas que derivó en un intervención del fiscal Pablo Vignaroli en la sede sindical. En este sentido, y tras la exposición del caso por parte del contador Jorge Allende, Guillermo Pereyra dijo a modo de cierre de la masiva convocatoria gremial que «después de haber tomado la decisión para renovar mi mandato al frente de la entidad gremial el año pasado -por pedido de las bases en Rincón de los Sauces, en una asamblea de siete mil trabajadores- solo Dios y ustedes me van a apartar del camino”.
En un auditorio colmado por más de 400 personas entre quienes se encontraban los 280 delegados que representan al Sindicato, Pereyra indicó que la intención fue “explicar a los compañeros delegados, los representantes directos de los trabajadores, para que informen en los lugares de trabajo sobre la verdad de la situación”.
“La justicia hizo muy bien ante la aparición en los medios de actuar de oficio y pedir la documentación para ver si puede hallar algún tipo de prueba y nosotros entregamos todo”, afirmó y dijo que desde el Sindicato están facilitando todo, “porque aquí no hay ocultamiento”. “Vamos a continuar colaborando con la Justicia en todo lo que nos pida, porque corresponde”, añadió.
Por otra parte, aseguró que “esta es una organización sindical seria, no anda triangulando nada ni anda haciendo lavado de dinero. Si está en las declaraciones juradas nuestras y en la memoria y balance que cada año ponemos a consideración de los trabajadores, quiere decir que lo estamos haciendo dando la cara y dentro del marco legal”.
“Hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación donde está aclarado todo con respecto a esto, por eso estamos tranquilos; porque se debió a una investigación periodística hecha con mala intención, muy sensacionalista”, precisó.
Pereyra también agradeció al cuerpo de delgados en nombre de la Comisión Directiva por todo el apoyo recibido después de haber hecho las aclaraciones “que nos tiene que dar tranquilidad a todos”.
El también senador neuquino descartó que haya incidencia política tanto provincial como nacional en las denuncias realizadas contra la Comisión Directiva del Sindicato. “Acá no hay carpetazos del Gobierno Nacional ni provincial, son dos periodistas que nos vienen persiguiendo”, explicó.
Hacia el final de la reunión, se aprobaron por unanimidad dos mociones surgidas de los delegados pidiendo accionar legalmente “contra quienes nos han degradado como sindicato” y sacar un comunicado de repudio contra estas acusaciones e infamia “que hacen mucho daño a la organización sindical”. “Los compañeros hablaron de iniciar una acción, con votación unánime del cuerpo de delegados, y ahora tenemos que avanzar en este tema”, concluyó Pereyra.
El contador Jorge Allende realizó una extensa exposición, donde entre otros puntos explicó los pormenores de la situación que se originó en el año 2002 cuando el gobierno nacional sancionó la ley 24.475 de Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado. Esa nueva normativa puso limitaciones a los sueldos de los directivos de organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, mutuales y cooperativas. A la vez, aclaró que la empresa International Consulting and Tecnology (IC&T) tiene más de 25 años de trayectoria, y constantemente se realizan en el Sindicato Auditorías además de la revisión de la Comisión Fiscalizadora. “Esta ley nosotros declaramos que no nos correspondía aplicarla porque nos regíamos por la Ley de Asociaciones Gremiales”, aclaró.
